Ciencia para el desarrollo y la democracia

 

Consideraciones sobre la originalidad de la propuesta

 

El problema a investigar es la relación del trabajo científico vinculado a la gran masa de los procesos productivos y el ejercicio de la democracia. Más precisamente, se trata de evaluar el impacto que tiene el hecho de que ese trabajo se desarrolle fundamentalmente en el exterior sobre las condiciones materiales que se requieren para un ejercicio más completo de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. No se trata, pues, de uno de los problemas que han ocupado gran espacio en la Revista CTS de España, como el de redefinir la función de la ciencia con la sociedad a fin de enriquecer la “democracia pluralista” (Ziman, 2003); o la necesidad de democratizar la relación entre los científicos y el público (Cuevas, 2006); o de democratizar la práctica misma de la ciencia (López, 2007), o aquellos que tienen que ver con las relaciones de la ciencia con el poder (Albornoz, 2007), y así por el estilo.

En cuanto a nuestro problema, no existen, más allá de los esfuerzos exploratorios de este centro académico, productos que vinculen el trabajo científico para el desarrollo económico de México con el ejercicio de la democracia. En las últimas décadas, la irrupción del ideario neoliberal significó restar importancia, tanto teórica como práctica, a la acción estatal orientada a la creación de condiciones materiales para el ejercicio de la democracia. Desde esta perspectiva, resultaba difícil siquiera acercarse al rol del trabajo científico para la producción, en la medida en que también su desarrollo es una función del Estado, en relación con la democracia. No es que la economía careciera de importancia respecto de la democracia, pero en lo fundamental, se esperaba que el desarrollo económico que permitiría un ejercicio pleno de la democracia resultara de la libre operación de las leyes del mercado. El consiguiente empequeñecimiento del Estado se tradujo a su vez, en un adelgazamiento del concepto de la democracia. Así se actualizaron propuestas teóricas como las de J. Schumpeter (1983), donde los métodos para la elección de los líderes autorizados para tomar decisiones ocupaban el lugar central en el problema democrático. Las elecciones mismas podían ser representadas con las categorías del mercado. Luego R. Dahl (1987) viene, a mediados de la década de los cincuenta, a reafirmar esta confianza en el mercado, misma que adquirió nuevos desarrollos con S. Huntington (1994). Éstos y otros autores han tenido significativa influencia en la organización democrática de México en los últimos lustros (Álvarez, 2007 y 2008ª).

En los últimos años, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) salió al paso de las concepciones dominantes, y ha buscado rescatar la responsabilidad del Estado en la tarea de producir las condiciones materiales que hacen posible el ejercicio de la democracia para todos los sectores sociales. Pone en evidencia el escaso prestigio de las instituciones democráticas –y del Estado en general- frente a la población y llama la atención sobre el contexto de elevados niveles de pobreza, de desigualdad social, de exclusión económica y social, de desprotección frente a la violencia y otros problemas sociales que afectan a grandes sectores de la población, como expresión del fracaso del mercado para crear condiciones favorables al juego democrático (PNUD, 2004). Al mismo tiempo, un estudio sobre la participación electoral en México encontró claras correlaciones entre el abstencionismo y los niveles de ingresos, los niveles de escolaridad y el trabajo por cuenta propia. Mientras más desprotegida la población, mayor el abstencionismo (Centro de Estudios para un Proyecto Nacional S.C., 2004).

En cuanto a la investigación de esta Unidad respecto de los sectores excluidos, se cuenta con un amplio trabajo conducido por Guadalupe González en el sector urbano (González 2004, 2004ª, 2004b) (González et. al. 2007, 2005-2008), mientras que Irma Reveles (2003, 2006a, 2006b, 2007ª, 2007b, 2008) y Manuel García (2008) han llevado a cabo estudio de este tipo para el campo. Sin embargo, no se ha avanzado en la construcción de una tipología que permita dilucidar las diferentes posiciones al interior de estos sectores respecto de la acumulación y determinar las variaciones en sus comportamientos políticos con arreglo a esas posiciones. Pero no sólo se requiere precisar sus diferencias internas sino también su unidad. Comportamientos como el abstencionismo también se detectan en sectores socialmente integrados, pero está aún por confirmarse si efectivamente la exclusión genera particularidades en los mismos. Sobre las relaciones entre exclusión y democracia, la investigación llevada a cabo en este centro (Ibarra 2007: Álvarez, 2008b) apenas ha llegado a detecta resultados similares a los presentados por el PNUD (2004).

En aquel entonces, el PNUD no prestó la atención debida a las causas económicas que inhibían un mejor ejercicio de la democracia y, por lo mismo, tampoco se preocupó por avanzar en propuestas que hicieran posible la superación de las mismas. La forma en que el Estado debía enfrentar su responsabilidad quedó indefinida. Dicha tarea continúa pendiente en la actualidad. Recientemente, el PNUD (2008) ha publicado un nuevo texto con reflexiones alrededor el problema de la democracia, donde la preocupación principal es reconstituir teóricamente la centralidad del Estado como depositario del poder. Nuevamente, las ideas orientadoras son proporcionadas por G. O’Donnell (2008). El discurso se desplaza hacia las instituciones políticas, su reconstitución, y en particular hacia aquellas encargadas de canalizar el control de los gobernantes por la población, más allá de los eventos electorales periódicos. Se trata de construir la mejor relación entre el Estado y la democracia, mientras el problema del desarrollo económico ahora aparece prácticamente ignorado. Desde luego, la importancia del trabajo científico para el desarrollo económico está lejos de la intencionalidad del texto, y con mayor razón, lo mismo ha de suceder con el papel del trabajo científico para la democracia. En el seno de este centro académico se ha trabajado de manera consistente en un enfoque más integral, como puede verse en un trabajo reciente de Figueroa Delgado (2008) pero, en lo fundamental, economía y política evolucionan en la teoría como si efectivamente pudieran avanzar por rutas paralelas.

Es de comprenderse entonces, que la atención prestada a la relación existente entre la ausencia de la organización del trabajo científico al interior del país, respecto de la gran masa de los procesos industriales y el ejercicio de la democracia sea casi inexistente. Se pueden señalar otras dos razones por las cuales el tema no ha atraído mayor atención: i) esta relación no sólo es indirecta (en tanto que está mediada por los efectos del desarrollo económico sobre el juego democrático) sino que también es oscurecida por el hecho de que los productos de la ciencia aparecen disponibles en el mercado mundial, lo cual es correcto sólo en determinadas condiciones (Figueroa Sepúlveda, 2001), y equivale a depositar toda la confianza en la ciencia producida en el exterior desarrollado; ii) el gasto en ciencia y tecnología deja la impresión de que efectivamente se está realizando un esfuerzo en beneficio del desarrollo económico (aun cuando ese gasto no tenga impacto sobre los procesos de innovación de la gran masa de la industria existente o en la creación de nuevas industrias) por lo que cabría pensar que el trabajo científico está alcanzando algún nivel de organización y carece de fundamento hablar de la inexistencia de dicha organización.

Es necesario, por tanto, clarificar el concepto de la ausencia de la organización del trabajo científico respecto de la mayor parte de los procesos industriales. Se trata de producir el eslabón que víncula Estado-ciencia y desarrollo y las condiciones materiales para el ejercicio de la democracia. El postulado remite a lo que hasta ahora hemos denominado ausencia de una gestión estatal del desarrollo sobre la base del trabajo científico, la cual, tomando como base la experiencia de algunos países “emergentes” de Asia, implica: a) una visión de la nación a construir, destacando su lugar en el concierto internacional; b) un firme compromiso con el desarrollo de la ciencia básica, y también con la ciencia aplicada en aquellas áreas donde sea posible explotar ventajas comparativas, provisional o definitivamente fuera del campo de interés de la empresa privada; c) una consistente actividad orientada a la formación de investigadores; d) la socialización del conocimiento; e) una política de competencia mercantil adecuada a los fines nacionales; e) la definición de rutas de especialización productiva; f) creación de parques tecnológicos y, en general, impulso al desarrollo de la infraestructura científica del país. Todo lo cual, a su vez implica, i) una reorganización institucional del Estado, ii) la construcción de un nuevo sistema de relaciones con el sector empresarial sobre la base de una definida división de tareas para el impulso del trabajo científico y de la innovación tecnológica; iii) un trato con los países desarrollados que efectivamente reconozca los intereses nacionales como legítimos.

Hay muchas maneras de demostrar que el Estado mexicano no ejecuta esta gestión estatal del desarrollo. Un estudio sobre el tema llevado a cabo en esta Unidad Académica se detiene en ello con cierto detalle. (Figueroa Delgado, 2000). En cuanto a manifestaciones que no requieren mayor elaboración, el escaso presupuesto destinado a la ciencia y la tecnología es una. El patrón de industrialización de los últimos lustros es más contundente todavía: más del 70% de los insumos de la industria maquiladora que incorpora a México a las corrientes más activas del comercio mundial es provisto por los países desarrollados, lo que significa que ni siquiera fue posible explotar las oportunidades ofrecidas por el TLC en este plano

 

 

Antecedentes

 

Con todo, la importancia de la ciencia para el desarrollo económico ha sido reconocida desde hace ya bastante tiempo. Desaparece del horizonte académico, sólo cuando se discuten las relaciones entre desarrollo económico y democracia. En términos prácticos, la segunda mitad del siglo XIX, y, en particular, la revolución tecnológica que tiene lugar en el último cuarto de ese siglo, sellaron de manera definitiva la necesidad de organizar e impulsar la ciencia para el desarrollo, y la ciencia social ha otorgado debido crédito (no sin regateos) a estos procesos. Sin embargo, mientras autores como H. Braverman (1974) y E. Mandel (1980) describían con base en la experiencia europea y estadounidense el proceso por cual se organizó el trabajo científico para la producción, otros, como J. Sabato y M. Mackenzie (1982) constataban que en América Latina la ciencia para la producción apenas desplegaba un carácter subsidiario, complementario, respecto de los avances cruciales que tenían lugar en los países desarrollados. En efecto, hubo Estados que no advirtieron cabalmente el significado del progreso auto-generado, y no se entregaron a la tarea de organizar este tipo de trabajo para las economías locales. El desarrollo económico había dado lugar a una división del trabajo que otorgaba a la actividad científica, en tanto distinta del trabajo de operación, la función de producir progreso y avance de las fuerzas productivas, y un buen número de países, entre ellos los de la región latinoamericana, se negó a darle el impulso que merecía (Figueroa Sepúlveda, 1986).

La ausencia de una postura común sobre el tema en las organizaciones internacionales para el desarrollo tampoco ha contribuido al decidido diseño y aplicación de políticas que apunten a la superación de este vacío crítico en las economías de la región. Mientras la UNCTAD (2005a y 2005b) impulsa con determinación la organización de la ciencia para la producción de progreso, la CEPAL prestó un apoyo vacilante a esas políticas (1990), pero no pasó mucho tiempo para que tomara distancia con las mismas: En 1995 afirmó que “la adopción, adaptación y difusión de las tecnologías actualmente disponibles internacionalmente por parte de la gran masa de empresas que trabajan con equipos obsoletos y métodos atrasados (…) es más importante que las altas metas en investigación y desarrollo” lo cual interesaría sólo a un grupo de empresas que se encontraría cerca de las mejores prácticas. Para este organismo “la esencia de una política de desarrollo productivo, al menos en la actual etapa de desarrollo –tan distante de la actual frontera internacional- es acelerar el proceso de difusión de las mejores prácticas” (CEPAL, 1995: 6). El Estado, por consiguiente, no está obligado a embarcarse en políticas que lo involucren en la creación de progreso, desde la perspectiva de esta escuela. La CEPAL no postula otra cosa que la misma política que se ha aplicado históricamente en la región y en México y, en vez de buscar superar la actual situación, se limita a reproducirla.

El caso es que la región no organizó su trabajo científico para la producción de progreso, no avanzó en la división del trabajo y desde su emergencia, la sociedad capitalista latinoamericana ha procedido descansando en el progreso creado los países desarrollados, es decir, importando progreso y, por tanto, el conocimiento objetivado en el mismo (Figueroa Sepúlveda, 1986). Esta es la premisa poco popularizada, pero original y empíricamente comprobada, de un tema que ha concentrado de manera sistemática gran parte de la atención -materializada en libros, tesis y artículos- de la Unidad de Posgrado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas, desde la creación de la maestría en la especialidad en 1986.

En la actualidad, algunos países han reorientado su atención hacia las tecnologías de la información, de la transmisión del saber, la robótica, las energías del futuro, las nanotecnologías, el genio genético, el medio ambiente, entre otros, como indicadores de desarrollo, soberanía y seguridad social. La vinculación de la tecnología con la viabilidad social está más claramente identificada con los esfuerzos del estado francés, que ha asignado a su Secretaría General de la Defensa Nacional el desarrollo de la Inteligencia Económica, entendiendo que son un pequeño grupo de tecnologías estratégicas las que aseguran la independencia real de las naciones. Aunque la experiencia científica requerida para trabajar en estos campos y el volumen de las inversiones necesarias impiden a muchos países permanecer en la carrera tecnológica, la estrategia de países como el nuestro deben orientar la atención hacia estos nuevos procesos de las luchas entre las naciones y al interior de ellas.

 

 

Objetivo General

 

Profundizar y ampliar la elaboración teórica lograda hasta ahora sobre el impacto de la ausencia de una gestión estatal del desarrollo en la economía mexicana y en el ejercicio de la democracia.

 

Objetivos particulares

 

  1. Afinar el concepto de gestión estatal del desarrollo, y producir una tipología de la misma, sobre la base de los diversos estudios alrededor de las experiencias asiáticas de la primera y segunda generación.
  2. Construir un modelo de la relación existente entre la ausencia del trabajo científico respecto de la gran masa de industrias y el ejercicio de la democracia.
  3. Desarrollar de manera amplia y empíricamente comprobable una lógica del desenvolvimiento económico y social en condiciones de la ausencia de la ausencia de gestión estatal del desarrollo.
  4. Lograr una estimación de la relación cuantitativa entre inversión para el trabajo científico y creación de puestos de trabajo, sobre la base de las experiencias de Asia. Asimismo, acercarse a la composición del gasto por actividad económica.
  5. Aproximarnos al cálculo de la transferencia de empleo por la vía de la transferencia de inversión.
  6. Establecer el efecto de esa lógica sobre el ejercicio de la democracia en México.
  7. Demostrar que la gestión estatal de desarrollo es necesaria en la construcción de condiciones materiales para el ejercicio de la democracia.
  8. Construir una base de datos. con indicadores que permitan establecer la correlación entre generación científica, desarrollo económico y democracia.

 

 

Hipótesis

 

La importancia del trabajo científico que corresponde a una gestión estatal del desarrollo para el ejercicio de la democracia existe, más allá de que la ciencia social la haya ignorado hasta ahora. No es que ello garantice el mejor ejercicio de la democracia, pero es una condición sine qua non para ello. La divisa es que sin una gestión estatal del desarrollo no habrá ejercicio pleno de los derechos políticos de los ciudadanos.

A fin de demostrarlo, se trabajará sobre la base de los resultados preliminares obtenidos hasta ahora por medio de diferentes estudios realizados en esta Unidad Académica. Una síntesis apretada de los mismos, podría formularse en los siguientes términos.

La ausencia de la división que separa al trabajo científico del inmediato informa, no sólo de una específica estructura económica interna, sino también de una posición desventajosa en el seno del mercado mundial. Esa ausencia conlleva a una situación de intercambio estructuralmente desigual, donde México se enfrenta a los países desarrollados con los productos de un tipo de trabajo (el trabajo inmediato, de operación) al tanto que requiere de ellos de los productos de ambos tipos de trabajo. De aquí se deriva la secular tendencia al déficit en el balance comercial. Durante el largo periodo que va de 1980 a 2004, el balance de exportaciones-importaciones de México arrojó un saldo positivo sólo en tres años: 1985, 1995 y 1996. Ésta tendencia, a su vez, incuba la inclinación al endeudamiento (el cual alcanzó 130,946 millones de dólares en 2006) y a la necesidad persistente de inversión extranjera (17,300 millones el mismo año), los que, a su vez, hacen crecer de continuo las remesas de utilidades e intereses al exterior (18.312 millones en 2005). La debilidad de este desenvolvimiento económico crea una disposición a depender –supeditarse a- de decisiones de firmas y gobiernos de los países desarrollados (Mayer, Burkevicius y Kaddri, 2002), lo cual se traduce en cesiones –renuncia, negación- de soberanía, en cuanto se trata de decisiones que son negadas a la nación y a sus órganos democráticos. Pero también se traduce en una enorme vulnerabilidad económica y política en periodos en que los gobiernos luchan por intereses nacionales (Figueroa Sepúlveda, 1989).

Pero no sólo eso, puesto que este funcionamiento también crea exclusión interna. La compra de productos del trabajo científico implica una transferencia unilateral, o prácticamente unilateral de inversión productiva, cuya magnitud aproximada puede verse en el saldo del balance comercial. Con la transferencia de inversión se desplaza al exterior desarrollado capacidad de la acumulación para generar empleo, en la misma proporción en que esa energía es negada a la economía local. No está de más señalar que tal es la causa de la migración unilateral hacia el “norte”; déficit de reservas de población en un polo, son compensadas con los excesos de reservas en el otro. De ese modo, una mayor masa de fuerza laboral se ve impedida de acceder a puestos estables de trabajo y es lanzada a los fondos del trabajo por cuenta propia y a las innumerables manifestaciones de la “informalidad”, con todos sus efectos en términos de inequidad social, débil cohesión social, pobreza y exclusión. La misma criminalidad cuenta de ese modo con más amplios excedentes de población para el reclutamiento.

 

Metas científicas

 

  1. Construir un modelo del ejercicio pleno de la democracia y contrastarlo con la realidad mexicana, a partir de la información existente.
  2. Revisar y discutir el estado del conocimiento sobre la relación entre ciencia y desarrollo económico en los países avanzados.
  3. Revisar y discutir el estado del conocimiento sobre la relación entre ciencia y desarrollo en los llamados “países emergentes”.
  4. Igualmente, respecto de las modificaciones de la estructura del Estado para promover la ciencia en estos últimos países.
  5. Analizar la emergencia y apropiación de las nuevas tecnologías en la construcción de la soberanía nacional.
  6. Construir una tipología de la relación del Estado con el sector privado en los países emergentes.
  7. Revisar y discutir los cambios en las condiciones materiales de vida de la población y en la participación política de la ciudadanía, en países emergentes de la primera generación.
  8. Evaluar la transferencia de inversión en la manufactura, en la agricultura y en la minería en México.
  9. Llevar a cabo una evaluación de la situación de los sectores sociales en situación de pobreza, trabajo precario y exclusión económica y social en México, con arreglo a la información existente.
  10. Construir una tipología de estos sectores sociales, tomando como base su relación con la economía dominante.
  11. Caracterizar la posición social de los sectores involucrados en trabajos precarios e informales y determinar sus reivindicaciones.
  12. Determinar los niveles de abstencionismo según las diversas situaciones (posiciones status en el ámbito) laboral.
  13. Determinar los niveles de confianza en las instituciones democráticas, según las situaciones de integración y no integración.

 

 

Metas de difusión

 

  1. Producir un libro en dos tomos; 18 artículos científicos para ser publicados en revistas indexadas; 27 ponencias en congresos nacionales e internacionales.
  2. La presentación de 12 ponencias en encuentros nacionales e internacionales por parte de los alumnos incorporados al proyecto.
  3. Realizar dos coloquios con la participación de 4 expertos nacionales y 4 expertos internacionales en cada uno, para la presentación y discusión de los avances de la investigación.
  4. Crear una base de datos.

 

 

Metas de formación y consolidación del grupo de investigación

 

  1. Consolidar el cuerpo académico.
  2. Aportar a la obtención de su grado a dos alumnos del programa de maestría de la Unidad.
  3. Aportar a la obtención de su grado a dos alumnos del programa de doctorado.

 

 

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